Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes


mercredi, 8 juillet 2020

 
 

 

La sangría social continúa en las zonas francas de Nicaragua

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A las más de 11.000 personas que componen la plantilla de la zona franca de Gildán, una de las grandes compañías textiles (instalada en tres comunidades, San Marcos, Rivas y Jinotepe, en el sur) se las envió a sus casas con “vacaciones” forzadas y no retornarán al trabajo hasta el 7 de junio.

Las direcciones de los "sindicatos oficiales” de la compañía le shan comunicado, a través de mensajes de voz de Whatsapp : “Nos hemos puesto de acuerdo [con la dirección] en que a partir del 13 de abril recibiréis el 50% de vuestro salario como donativo [sic !] de la compañía, que dice que no tiene ni materiales ni pedidos para seguir trabajando”. El 25 de marzo, los sindicatos pro-gubernamentales han firmado un acuerdo con la patronal de las zonas francas (ANIT). Este documento, que ignora las medidas sanitarias, autoriza a las empresas a suspender los contratos de trabajo temporales o indefinidos, individuales o colectivos, apoyándose en un artículo del Código del Trabajo que permite despedir a los empleados y las empleadas con solo seis días de salario a la espera de que se retome la actividad.

Uno de los empleados escribía la web independiente Confidencial : “Me siento aliviado porque no nos han despedido, pero, ¿cómo vivir con apenas la mitad de mi salario ?” Recibirá una limosna de 800 córdobas por semana, el equivalente a 23 dólares, mientras que la cesta básica de la compra (el conjunto de productos alimentarios básicos oficialmente contemplados) para una familia de cinco personas en Nicaragua se estima que cuesta más de 15.000 córdobas, sin contar con que la inflación se mantiene.

La dirigente del Movimiento de las Mujeres, María Elena Cuadra, Sandra Ramos, que defiende sobre todo a las trabajadoras de las maquilas, ha recordado que en menos de un mes 2.775 personas han sido despedidas en las zonas francas. En la región de León, la multinacional japonesa Yazaki también ha detenido la producción a partir de marzo, mandando a 10.000 personas al desempleo técnico con solo un 50% de salario.

Durante este tiempo, el gobierno Ortega-Murillo continúa negando la pandemia y la terrible crisis social que se abate sobre el país. En su última aparición el 15 de abril, después de un mes de auto-confinamiento en su bunker personal, el presidente ha repetido que los países más golpeados no son “socialistas revolucionarios”, y que a pesar de la crisis Nicaragua sigue trabando : “¡Nicaragua no morirá de hambre… !”

La Articulación de Movimientos sociales de Nicaragua (AMS, una agrupación de organizaciones sociales, campesinas y feministas independientes) acusa al poder de la pareja Ortega-Murillo de ocultar las verdaderas cifras de muertos del Covid-19, de intimidar a los medios de comunicación que intentan informar sobre la cuestión, de no adoptar medidas para controlar las entradas y las salidas del país (sobre todo en la frontera con Costa Rica, donde la epidemia es particularmente grave) y, sobre todo, de no instaurar ni respetar ninguna medida de precaución o de confinamiento. El agua potable y el jabón escasean en este país. El gobierno continúa igualmente reprimiendo toda oposición. La situación es muy tensa en las zonas francas, con condiciones sanitarias peligrosas.