Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes


lundi, 25 mars 2019

 
 

 

La situación en Nicaragua es extremadamente preocupante

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El 18 de abril del 2018 marcó el inicio de la crisis política en Nicaragua. Hoy, el régimen autoritario de Ortega-Murillo, que no respeta los derechos humanos del pueblo nicaragüense, sigue en el poder. Los resultados de la represión llevada a cabo por el gobierno nicaragüense son cientos de víctimas. Según el informe publicado el 21 de diciembre del 2018 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), grupo encargado de investigar los acontecimientos sucedidos en Nicaragua, los hechos violentos ocurridos dejaron más de 350 muertes, más de 1400 heridos y casi 700 detenidos [...]. Si bien la crisis política comenzó el pasado abril, las reivindicaciones de diferentes sectores de la población nicaragüense en contra del gobierno de Ortega y Murillo comenzaron antes.

La respuesta del Gobierno de Ortega fue siempre la misma : represión. Las caravanas campesinas dirigidas hacia Managua nunca lograron llegar a causa de los bloqueos policiales. Los estudiantes y pensionados que manifestaron en 2013 contra la reforma a la seguridad social fueron atacados violentamente. A inicios de abril 2018 el gobierno impidió a estudiantes manifestar en contra de la actitud injerencista de este con respecto al incendio a la Reserva Indio Maíz en el sureste del país. Frente al aumento del uso de la violencia por parte del gobierno, los diversos sectores sociales se unieron para constituir un bloque en contra de Ortega y su política represiva. Desde entonces la represión ha aumentado y ha tomado varias formas [...].

Desde el 18 de abril, el gobierno nicaragüense ha desarrollado diferentes etapas o facetas de represión. La primera fase va de abril a julio del 2018, ha sido la más mortífera [...].

La carta de renuncia de Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y antiguo representante del FSLN, publicada el pasado 10 de enero, desmiente los argumentos del gobierno. Efectivamente, Solís niega la existencia de un intento de golde de estado y denuncia la instrumentalización del poder judicial para culpar a los manifestantes de una “serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca se cometieron”. También afirma que el gobierno ha perdido “la razón y el derecho” de gobernar.

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